Si yo fuera Presidente de Costa Rica, asumiría que el Poder Ejecutivo tiene límites claros, pero también grandes responsabilidades que pueden marcar la diferencia en la vida de la gente.
- Reforma administrativa del Estado
Reduciría la duplicidad de funciones en instituciones públicas, impulsando fusiones o cierres donde sea necesario. El Ejecutivo puede presentar proyectos de ley y reorganizar entidades bajo su mando directo para hacer más eficiente el uso de los recursos. - Gestión de la seguridad ciudadana
Dotaría de mejor tecnología y equipo a la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas. Además, fortalecería la coordinación con municipalidades y comunidades para prevención del delito, algo que sí depende de la ejecución presupuestaria del Ejecutivo. - Inversión en infraestructura
Agilizaría concesiones y proyectos de obra pública mediante decretos de simplificación de trámites y mejora de procesos en el MOPT y CONAVI. El Ejecutivo puede dar prioridad a proyectos estratégicos como carreteras, tren eléctrico o ampliación de puertos. - Política energética y ambiental
Promovería una estrategia nacional para energías limpias más baratas, revisando tarifas y abriendo espacios a la generación distribuida. El Ejecutivo tiene capacidad de reglamentar, incentivar inversión y dirigir al ICE en nuevas metas. - Impulso al empleo
Fomentaría alianzas público-privadas en capacitación técnica a través del INA y universidades públicas, adaptando los programas a las demandas reales de las empresas. Esto está dentro del ámbito de rectoría del Ejecutivo. - Transparencia y rendición de cuentas
Publicaría en línea, de manera clara y accesible, el uso del presupuesto de cada ministerio y proyecto de inversión. El Presidente puede ordenar esta política como directriz obligatoria para su gabinete. - Manejo de la información sin propaganda
Reactivaría el Ministerio de Comunicación para devolverle su papel de ente rector de la información pública. Todos los periodistas de instituciones del Estado dependerían de esta cartera y no de sus jefaturas inmediatas, evitando que se conviertan en relacionistas públicos de cada institución.
Su función sería garantizar que la ciudadanía reciba información veraz y completa, incluyendo lo que no funciona bien, sin temor a represalias o censura. La comunicación del Estado debe ser un servicio público, no una herramienta propagandística.
En resumen: menos promesas generales y más acciones concretas desde el Poder Ejecutivo, usando herramientas legales, administrativas y presupuestarias que ya existen.